PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Andalucía aplicará un protocolo institucional contra la «ciberdelincuencia de género», un fenómeno en auge por el aumento de las relaciones a través deInternet y las redes sociales.

El futuro protocolo persigue hacer frente a un tipo de violencia que se manifiesta cada vez más a través de los canales de relación y comunicación utilizados por la juventud y que ha generado riesgos específicos como la multiplicación de sus efectos por la capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor anonimato del agresor; la posibilidad de que se dé una suma de maltratadores; la continuidad en el tiempo; la ilimitada exhibición de la intimidad; las posibilidades de suplantación de la personalidad de la víctima, o la facilidad para el control permanente a través de medios como geolocalizadores, estado online o seguimiento de conexiones.

Pautas ante señales de alarma

En el documento se define «ciberdelincuencia de género» como toda aquella violencia contra las mujeres que se lleva a cabo a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), principalmente por revelación de secretos, injurias y calumnias, trato denigrante, difusión de imágenes, usurpación de identidad, acoso sexual de menores (grooming), amenazas, coacciones y extorsión sexual.

En el marco de las pautas para la detección y actuación ante cualquier señal de alarma relacionada con estos riesgos, el protocolo establece medidas que pueden aplicarse en cualquiera de las fases del proceso de atención a la víctima. Para ello, todos los formularios de atención (psicológica, jurídica o social) incluirán parámetros descriptivos para la recogida exacta de información sobre cualquier episodio. Los informes deberán utilizar la terminología propia de las TICs, para lo cual se proporciona un glosario de más de 200 palabras.

Según marca el documento, el área social del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) valorará las redes sociales en las que intervienen tanto el agresor como la víctima, con el fin de evaluar el impacto sobre su vida y sobre las de los menores a su cargo y familiares. El área de atención psicológica será la máxima responsable de la recogida completa del relato, ya que es en este ámbito en el que mejor se pueden detectar los ataques a través de las TICs y donde se evalúan las consecuencias.

Una vez recogida toda la información, se elaborará un diagnóstico y una planificación donde se valorará la conveniencia de seguir pautas de seguridad informática y, en coordinación con el área jurídica, las medidas legales necesarias. Asimismo, se incluye la adopción de estrategias terapéuticas para paliar los efectos del acoso y de las crisis de reputación, así como para dar el apoyo necesario durante la exposición gráfica de las pruebas electrónicas en el procedimiento judicial.

Prueba electrónica

El protocolo subraya la importancia de la prueba electrónica en la denuncia y en todo el proceso judicial. En este sentido, dedica un amplio apartado a las pautas que se deben dar a la usuaria para garantizar su seguridad informática (custodia de información, copias de seguridad, protección de la red wifi, consulta técnica ante geolocalizadores o aplicaciones espías) y para recabar las pruebas que puedan servir en un juicio, como imágenes, vídeos, capturas de pantalla o whastapp.

Finalmente, el protocolo recoge los principales signos de alarma para detectar la «ciberdelincuencia de género», que deben tener en cuenta tanto la víctima como el equipo profesional que la atiende. Esta iniciativa se sumará a las que ya desarrolla el IAM contra la violencia de género en los ámbitos de la juventud y las nuevas tecnologías.

Entre ellas destacan los nuevos planes coeducativos de prevención (‘La Violencia no es un Juego’ o ‘APP DetectAmor’); el Programa de Atención Psicológica a Adolescentes Víctimas) y la puesta a disposición de las familias andaluzas de una guía de orientación para saber detectar a tiempo señales que indiquen que sus hijas sufren maltrato machista.